El «sudoku» de la Educación
El sistema de enseñanza es una encrucijada que el Gobierno pretende salvar con un acuerdo político-social que ahora negocia a varias bandas.
El próximo jueves, día 15, es la fecha límite para que las autonomías envíen al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, sus propuestas sobre el pacto educativo, que se ha convertido en la estrella de la legislatura ya que, de lograrse, sería el primero de estas dimensiones en la democracia. Esas propuestas serán debatidas y estructuradas en la Conferencia General de Educación, prevista para la última semana de enero.
Han pasado ya nueve meses desde que el ministro de Educación definiera el pacto como su gran desafío y, ahora, tras comprobar su «viabilidad» y coincidir con el PP en esta observación, la iniciativa entra en una nueva fase. Y es que el propio presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha condicionado la fecha de su encuentro con el líder del PP, Mariano Rajoy, a que existan las circunstancias necesarias para dar un «impulso definitivo» al gran pacto.
Soluciones urgentes
El panorama de la educación española no es muy alentador. Más de un 30% de fracaso escolar y un porcentaje similar de abandono prematuro de las aulas, así como un profesorado desencantado y poco reconocido demandan soluciones urgentes.
La sociedad, cansada de la constante confrontación partidista e ideológica a la que se ha visto sometida la educación, clama por un pacto y pide a quienes deben alcanzarlo que dejen de lado sus diferencias ideológicas y gestionen adecuadamente las discrepancias y las coincidencias para lograr ese acuerdo.
El titular de Educación, que lidera los trabajos en favor de ese acuerdo, se ha dado un plazo de dos meses para presentar un texto de contenidos concretos. Gabilondo entiende que debe ser un pacto «con horizonte de generaciones y no simplemente de elecciones», porque «los pactos no pueden venir marcados por el interés electoral».
Los interlocutores del Gobierno han trabajado sobre un documento básico elaborado por Educación, que se resume en nueve puntos. En él se propone «un gran acuerdo social y político que, partiendo de los espacios comunes que todos compartimos y de un diagnóstico experto e independiente, consiga modernizar y mejorar nuestra educación». En definitiva, se trata de elaborar una propuesta que sirva «para reducir las tasas de abandono y fracaso escolar y promover el éxito de los estudiantes».
El texto habla de la cultura del esfuerzo, la exigencia y los valores, del impulso de las becas para garantizar la igualdad de oportunidades, de un sistema flexible que relacione las etapas educativas, de una enseñanza individualizada, del fracaso y el abandono, de la escolarización temprana, de una Formación Profesional (FP) integral, de la modernización del sistema con el aprendizaje mediante las nuevas tecnologías y el fomento de los idiomas, de la modernización de la Universidad, dotándola de un modelo de financiación, y del apoyo al profesorado.
Propuesta «light»
La propuesta ha dejado fuera cuestiones como Educación para la Ciudadanía, enseñanza de la Religión y su alternativa, la cuestión lingüística o los aspectos que han provocada reiterados enfrentamientos. Las comunidades autónomas han realizado algunos esbozos de propuestas, pero será en la próxima Conferencia General donde se plasme algo más concreto.
Gabilondo y otros altos cargos de Educación se han reunido con los grupos parlamentarios, sindicatos y representantes de profesores, padres y alumnos. Los encuentros han sido especialmente intensos y frecuentes con el PP como principal grupo de la oposición, «con vocación de gobernar», y elemento esencial en la consecución del acuerdo.
El Partido Popular ha anticipado un texto, que adelantó ABC, en el que aborda algunas cuestiones de mayor calado ideológico. Así son clave la vertebración del sistema, las libertades educativas y la lengua castellana. Defiende la creación de un sistema nacional que establezca un currículum básico común y facilite «la continuidad en el carácter nacional de los cuerpos docentes». Además, enfatiza en que debe «establecerse por ley la garantía de la enseñanza en lengua castellana en toda España».
Para Gabilondo, el gran acuerdo debe mejorar el sistema educativo y buscar «ámbitos compartidos de actuación que garanticen el equilibrio, la estabilidad, la cooperación, la coherencia del sistema a través de un marco común». En cuanto al PP, indicó que en este partido ha encontrado «voluntad de trabajo conjunto y disponibilidad para lograr acuerdos». Y cimentó el horizonte positivo en que se han acercado posturas en cuestiones como «estabilidad normativa, acuerdo de financiación y pacto por los educadores y la comunidad educativa».
El ministro se muestra prudente y apela a la Constitución a la hora de referirse a la lengua o a la libertad de enseñanza, aunque advierte de que en el marco del pacto se hablará con «toda naturalidad y con mucho gusto» de todas las cuestiones. En cuanto a la lengua señala que «el conocimiento del castellano está garantizado por la Constitución», que «vela» por la obligación de conocer el castellano y el derecho a utilizarlo. Esto se extiende también a las lenguas vernáculas. «Ninguna lengua se defiende combatiendo otras», asegura. Sobre la libertad de elección de centro, recuerda el principio constitucional aunque considera necesario dejar perfectamente definido lo que es y lo que exige un concierto.
En cuanto al reconocimiento de la autoridad del profesorado, tacha de «indispensable» establecer un estatuto de personal docente que parta de «una visión amplia del lugar del profesor y del sentido de su labor». Por ello, «deseo -insiste- que en el corazón del pacto también se considere la necesidad de este estatuto».
Las negociaciones han provocado diferentes reacciones. Así, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Juan Antonio Gómez Trinidad, confía en la palabra del ministro, reconoce que se ha dado un primer paso y que se ha constatado la voluntad de «seguir trabajando».
Por el contario, algunos partidos catalanes (CiU, ERC e ICV-EUiA) exigen que un hipotético pacto entre PSOE y PP respete el modelo de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que no invada competencias autonómicas y no altere la inmersión lingüística. El Sindicato de Profesores ANPE califica de «positiva» la viabilidad del acuerdo y espera que se logren medidas.