Los institutos de FP donde hasta ahora estudiaban los alumnos después de la ESO empezarán a impartir cursos ocupacionales para parados y trabajadores. Educación y Empleo van a unificar toda la FP, desde la más básica hasta la de rango universitario, en un mismo centro. Este curso se estrenarán los cuatro primeros centros integrados.

La Junta ha terminado por unir las políticas activas de empleo con la Formación Profesional reglada. Las Consejerías de Educación y Empleo han trabajo conjuntamente en el diseño del decreto de Formación para el Empleo, que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Gobierno, y que abre los primeros puentes entre la antigua Formación Profesional Ocupacional (FPO) para parados o empleados en activo y los ciclos formativos de FP de grado medio (a partir de 16 años) y superior (a partir de 18). Justo cuando el país atraviesa la mayor crisis económica de los últimos 30 años, la administración ha entendido que la formación laboral o técnica y la académica deben ir estrechamente unidas.

El mensaje ya se conocía, pero faltaba por definir la estrategia. Ésta consistirá en ir creando, poco a poco, una red de centros integrados donde se estudie desde el curso ocupacional más básico (200 horas) hasta el ciclo formativo de grado superior, de cuatro años, y equivalente a un título universitario. Al compartir el mismo espacio físico que los estudiantes -en principio serán los institutos de ESO, Bachillerato y FP-, la Junta espera que los parados y empleados en activo tengan más a mano segundas vías de formación. Un modo de reciclarse en un área de trabajo relacionada con la que ya dominan, pero con más salidas en el mercado laboral. Pero, sobre todo, el gran objetivo será facilitar que el personal cualificado obtenga un título oficial que acredite sus conocimientos y su experiencia.

Para ello, Educación reconocerá oficialmente los antiguos cursos de FPO (algunos ya lo están), que serán convalidables por módulos específicos o asignaturas de la FP reglada. Tan desmenuzado y subdividido va a quedar el sistema de Formación Profesional andaluz que cualquier trabajador o parado podrá matricularse de asignaturas sueltas (Educación lo llama “oferta modular de la FP”) e ir sumando un módulo tras otro hasta conseguir el título: algunos los podrá convalidar directamente por experiencia laboral, otros tendrá que estudiarlos y, a la larga, habrá completado un ciclo de FP y tendrá un título oficial de técnico en alguna rama profesional. Esa titulación le será reconocida en todas las comunidades de España y en todos los países de la UE.

Otra de las vías secundarias que también amplía y desarrolla el decreto es la FP a distancia, según la cual un alumno puede superar los módulos vía on line y llegar a sacarse una titulación.

Los primeros centros integrados empezarán a funcionar este curso, a modo experimental: serán dos institutos y dos centros de formación de empleo, según fuentes de la Consejería de Educación. La tendencia es que, a largo plazo, cada familia profesional se imparta en un centro integrado de referencia. Por ejemplo, que un mismo instituto oferte todos los cursos y ciclos del ámbito sanitario. Hay 26 familias profesionales reconocidas y homologadas en la UE, cada una se subdivide en una serie de ciclos formativos, cada ciclo se divide a su vez en módulos y cada módulo se subdivide en competencias profesionales. Cada una de esas competencias habilita para desempeñar un trabajo concreto.

Los cursos ocupacionales seguirán siendo subvencionados por Empleo e impartidos por sindicatos, empresas, la CEA, etcétera pero también por los institutos de FP. Confluyen aquí formación pública y privada. Aunque serán las Consejerías de Educación y Empleo las que autoricen qué centros, públicos y privados, serán parte de la red de centros integrados. Al unificarse la formación continua, la permanente y los cursos ocupacionales, no sólo coincidirán trabajadores en activo con parados dentro del mismo aula. Los institutos de FP, que hasta ahora tenían un alumnado entre 16 y 24 años, verán incrementada la media de edad de sus estudiantes.

FP en los campus. Justo ayer, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, propuso la creación de centros de Formación Profesional en los campus de las universidades con el fin de vincularla a otros niveles de enseñanza y desterrar la idea de que se trata de una educación de segundo nivel. “La FP debe situarse en el centro del modelo educativo y flexibilizarse más. Tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo de esta formación, que no sólo aporta al alumno una preparación integral sino que ofrece un alto grado de empleabilidad”, explicó, el ministro. En Andalucía, la FP tiene un grado de inserción laboral del 70%. Siete de cada diez alumnos logra su primer contrato antes, incluso, de acabar las prácticas.

D. Cela / L. Blanco. Publicado en El Correo de Andalucía 22/09/09

La consejera de Educación, Mar Moreno, firmó ayer con representantes de los sindicatos de la enseñanza privada concertada y de las organizaciones patronales y de titulares del sector la prórroga del acuerdo para el mantenimiento del empleo del profesorado de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.

Con este acuerdo, se renueva el compromiso que garantiza que los docentes que puedan verse afectados por la pérdida de unidades concertadas por decisión administrativa continúen su labor como profesorado en otro centro privado concertado.

El convenio suscrito por los sindicatos FETE-UGT, CCOO y USO, y las organizaciones patronales y de titulares Federación Educación y Gestión, FERE-CECA, CECE, ACES y SAFA, estará vigente hasta la finalización del curso 2011/12.

Este acuerdo permitirá el mantenimiento de empleo del personal docente que atiende las enseñanzas concertadas así como una mayor estabilidad de este sector. De esta manera, se mejorará la calidad y atención educativa del alumnado así como las condiciones de trabajo del profesorado. En la actualidad Andalucía cuenta con un total de 602 centros concertados en los cuales imparten docencia 17.802 profesores.

Por tercer año consecutivo ponemos en marcha el Programa  “Emprender en Mi Escuela - E.M.E.” para Tercer Ciclo de Primaria  y la segunda edición de ÍCARO, continuación del anterior, en Primer Ciclo de la ESO.

Estos  programas  surgen a instancias de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y están gestionados y subvencionados a través de la Fundación Red Andalucía Emprende (RAE). Ambos proyectos pretenden difundir la cultura y actitud emprendedora en las escuelas, mediante la creación y gestión de cooperativas escolares.

Para ACES liderar en Andalucía esta práctica pedagógica es una satisfacción, más aún si la situamos en los tiempos de crisis económica que corren, porque promueven en los alumnos/as la adquisición de competencias como iniciativa, autonomía, trabajo en equipo, colaboración,  creatividad, innovación, resolución de conflictos, toma de decisiones, autoestima, apreciación del valor de las cosas, actitud responsable ante el consumo, respeto al trabajo de los demás, solidaridad… Consideramos que, dada nuestra  propia idiosincrasia cooperativa, potenciar este tipo de competencias entre nuestro alumnado es una justa aportación para mejorar el futuro de Andalucía.

Los centros participantes contarán en todo el proceso de formación específica y seguimiento del profesorado, así como con los recursos económicos y  materiales que estarán completamente subvencionados (formación, dietas de manutención y desplazamiento del profesorado, ayuda para el proyecto de cada cooperativa…)  También tendrán el apoyo permanente  de la coordinación de ACES,  de la Fundación Red Andalucía Emprende, y el asesoramiento de Valnalón Educa. En resumen, es un programa que cuenta con todos los  medios adecuados para poderlo acometer sin que suponga un gasto extra para la escuela que participa en ellos.

Apreciamos también en gran medida la oportunidad que supone para fomentar el contacto y el intercambio pedagógico entre el profesorado y alumnado participante, con un objetivo compartido y de intercooperación muy relacionado con el Modelo Educativo, que ACES continúa diseñando dentro de su Plan de Calidad. En las ediciones anteriores el profesorado ha destacado el buen clima de trabajo y de relaciones, lo interesante que ha sido para su práctica docente y para sentir que existe una red común de apoyo a los trabajos individuales en el aula.

EME e  ÍCARO se desarrollarán a lo largo del curso 2009-10 empezando con una  acción formativa  de una jornada para el profesorado que se incorpora por primera vez. Esta formación está prevista para primeros de octubre. Los proyectos finalizan en el mes de mayo con una actividad  hacia el exterior: la asistencia al Mercado Escolar de Emprendedores en un encuentro de todos los alumnos/as de las provincias participantes.

Los dos primeros trimestres del curso 2009/2010  estarán  destinados a desarrollar el trabajo en las aulas.

Siempre deberá haber un profesor/a en la cooperativa escolar que coordine el programa  en su aula y que deberá contar con el apoyo de los equipos directivos de los centros participantes. Es muy deseable y mejoran ostensiblemente los resultados cuando existe  además la  implicación del claustro de profesores/as y de las familias.

El contenido completo del programa y la secuenciación de las actividades os los presentaremos en la reunión informativa/formativa del mes de octubre. También podéis consultar las publicaciones de la Revista y Boletín de ACES del curso pasado en los que periódicamente hemos ido publicando artículos y experiencias sobre EME e ÍCARO. Por descontado que para cualquier duda o información adicional me tenéis a vuestra disposición.

Este año está prevista la creación de 50 cooperativas EME con una participación estimada de 1.300 alumnos/as, por lo que aumentara más de un 20% el número de cooperativas respecto al año anterior. Como novedad, diez de estas cooperativas, también coordinadas por ACES, pertenecerán a Centros Públicos de Primaria de nuestra comunidad. Es nuestro deseo establecer una buena red de intercooperación entre nuestros asociados y la enseñanza de titularidad pública.

En cuanto al Programa ÍCARO, queremos prestarle una especial atención este curso y vamos a procurar tener un encuentro con el profesorado antes de que finalice el mes de septiembre. Por ser un paso más en el proceso,  en principio daremos preferencia a centros que ya han realizado el programa EME anteriormente. Se crearán hasta 14 cooperativas escolares de 1º ó 2º de ESO que se sumarán a las 8 cooperativas ÍCARO de la edición anterior.

Todos los profesores/as y centros  interesados deben comunicarnos antes del miércoles, 16 de septiembre, su voluntad de participación, tanto en el caso de renovación como de primera solicitud. Para ello deberéis rellenar la ficha que podéis pedir a ACES.  Con vuestras respuestas haremos la selección y podremos cerrar el acuerdo con la Fundación RAE. Por ello debe ser un compromiso en cierta manera vinculante. Quien no tenga seguridad en su compromiso debe ponerlo en nuestro conocimiento.

La ficha cumplimentada  la haréis llegar mediante email a Rafa M. Valderrama en la  sedesevilla@aces-andalucia.org (teléfono 954325258)

Para cualquier consulta o duda  mi teléfono es el 679072450. Estaré disponible  los lunes y viernes durante todo el día y resto de la semana por la tarde. Si preferís escribirme, mi email es mlglez-ripoll@aces-andalucia.org . Os atenderé encantada.

Aprovechamos la ocasión para despedir al profesorado que por cambio de ciclo o por cualquier otra circunstancia dejará el programa este año. Ha sido un placer trabajar con vosotros.

Esperando de nuevo una buena acogida a esta oportunidad que se nos brinda con un proyecto específico para nuestra organización y nuestro alumnado, recibid un cordial saludo

Chica González Ripoll

Coordinadora Programa EME-ÍCARO

“A mí me hubiera gustado más que esta medida se hubiera incorporado dentro del pacto social y político por la educación”, dijo ayer el ministro de Educación Ángel Gabilondo, sobre la intención de la Comunidad de Madrid de reforzar el respeto a los docentes a través de la Ley de Autoridad del Profesor, que otorgará a los maestros rango de autoridad pública. El anuncio de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha sido recibido entre el entusiasmo de unos (el sindicato Anpe o los padres católicos), el recelo de otros (UGT, CC OO o el Ministerio de Educación) y alguna abierta oposición (los padres de la asociación laica Ceapa).

Gabilondo dijo que hay que contemplar la medida con “mucho cuidado” por las consecuencias penales que pueda tener la calificación de autoridad pública -si se agrede a una autoridad pública, la pena es mayor, y por el principio de veracidad su palabra tendrá más valor en caso de conflicto-, y se mostró más partidario “de encontrar soluciones integrales que no sean dotar de autoridad sin más, sino que también haya medidas sociales que atiendan cuál es la situación general, no sólo de la autoridad en las escuelas, sino en todos los contextos en los que vivimos”.

En cualquier caso, la idea de dar a los profesores el rango de autoridad pública no es nueva. En La Rioja y la Comunidad Valenciana ya se les reconocía como tal, aunque con un rango menor al de ley -en sus decretos de convivencia-, explica Carmen Guaita, responsable de Comunicación de Anpe, uno de los grandes defensores de la medida. Por otro lado, Cataluña sí lo reconoce en su ley educativa, pero sólo a los directores. Además, la Fiscalía General del Estado ya dijo en diciembre de 2008 que una agresión a un profesor -también a un profesional sanitario- debe considerarse como atentado a una autoridad pública.

De hecho, Cataluña no creyó necesario extender la medida más allá de los directores porque ya hay jurisprudencia en ese sentido: “Ha habido al menos dos fallos de los tribunales que han considerado a docentes que han sido agredidos autoridad pública a instancias del fiscal y del Departamento de Educación de la Generalitat”, dijo un portavoz. Carmen Perona, de los servicios jurídicos de CC OO, explicó que la diferencia es que ley es de obligado cumplimiento, mientras que la fiscalía da orientaciones y después son los jueces quienes deciden.

Pero, más allá de la ley que plantea Madrid (que no reconoce como autoridad, igual que la fiscalía, a los docentes de la concertada y la privada) el debate está abierto, quizá por la preocupación de una parte del profesorado porque consideran que, efectivamente, han perdido autoridad ante alumnos y padres.

Esto es lo que creen desde Anpe, que celebran la decisión madrileña. Carmen Guaita dijo que se trata de un reconocimiento legal que sirve como espaldarazo de un respaldo social perdido. Eso, a pesar de que reconoce que la medida, pensada para casos excepcionales como son las agresiones a profesores, “en el día a día de los centros no supone un gran cambio”. A CC OO y UGT Madrid, por su parte, la medida en sí misma no les parece mal, aunque recelan. “Simplemente es una cortina de humo” y “absolutamente insuficiente”, dijo Francisco García de CC OO.

Para Pedro Rascón, presidente de la confederación laica de padres Ceapa, la propuesta madrileña es un “despropósito total y absoluto” y aseguró que la autoridad no se puede fijar por decreto. “Esto me recuerda demasiado a la vara de avellano y el miedo en clase de tiempos pasados que creíamos superados”, dijo Rascón. Pero las asociaciones Concapa (católica) y Cofapa aplaudieron la medida: “Todo lo que se haga para reforzar la autoridad y el respeto hacia los docentes me parece perfecto”, dijo Luis Carbonel, presidente de Concapa.

Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que el pasado julio su partido ya pidió que los profesores de toda España fueran autoridad pública y José Antonio Alonso, portavoz del PSOE, aseguró que elevar a los docentes a rango de autoridad jurídico-penal es competencia del Estado, y no de una comunidad.

EFE

Tras conseguir el certificado en la norma UNE-EN-ISO 9001, los centros asociados a ACES siguen trabajando hacia el objetivo de ser empresas excelentes. Por ello han abordado, en otro paso más, la gestión medioambiental de sus centros.

El objeto de este sistema de gestión medioambiental es asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas medioambientales establecidos por la empresa. La gestión medioambiental no se puede abordar como algo independiente de la gestión general sino que debe entenderse como parte de la misma. El sistema de gestión medioambiental basado en la Norma ISO 14001 es uno de los modelos de gestión más utilizados.

Tras el período de implantación de la norma 14001:2004 de gestión medioambiental y tras las auditorías externas celebradas el pasado julio, once centros y ACES como central, han conseguido la certificación en el alcance medioambiental a través de su sistema Multisite.

ACES ha sido la primera organización del sector educativo de la Economía Social en España en emplear el Sistema Multisite o Multiemplazamiento para implantar la gestión de calidad en sus centros.

Además de éstas 12 nuevas implantaciones en el alcance medioambiental,  ACES cuenta en su sistema general de calidad con 30 alcances de certificación reglada y 11 alcances de formación continua y ocupacional implantados en un total de 36 centros de enseñanza.

ACES llama a la tranquilidad ante una posible incidencia de gripe A en los centros educativos.

La Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES) valora de forma muy positiva la puesta en marcha para el próximo curso escolar del proyecto Escuela TIC 2.0. Este programa llevado a cabo por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se concretará en la dotación de un ordenador portátil a todo el alumnado de 5º y 6º de Primaria escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, así como todo el profesorado de dichos cursos.

Miguel Vega, presidente de ACES afirma que “esta iniciativa es muy buena por dos razones: Por un lado, la dotación que se va a recibir en cada centro, su repercusión en el modelo educativo de cada uno de ellos y, en general, la mejora de nuestro sistema educativo. Y, por otro, la decisión de la Consejería de Educación de incluir, en este programa, a todo el alumnado de 5º y 6º de Primaria de todos los centros pertenecientes al Sistema Público de Educación de Andalucía en el presente curso escolar”.  En total se entregará más de 3.500 ordenadores a centros de ACES.

ACES escolarizará  a 23.825 alumnos y alumnas sólo en educación concertada  en un curso  marcado por el adelanto del comienzo de las clases para Infantil y Primaria al día 10 de septiembre, Para Miguel Vega “este hecho nos ha llevado a los centros a una planificación distinta y, eso sí, más acelerada. Aunque este cambio ha podido generar algo de agobio en algunos centros, podemos decir que, en general, el comienzo de curso, se va a desarrollar con toda normalidad en los centros asociados de ACES”.

Los centros ACES, un total de 152 centros en toda Andalucía, volverán a ofertar un modelo educativo diferente al tradicional cuyas líneas educativa de actuación son: las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la educación ambiental, el plurilingüismo, la cultura emprendedora y el mercado laboral, el tratamiento de la diversidad, el apoyo al cooperativismo y la educación de género y para la convivencia.

Por otro lado, ante el estado de preocupación social por la coincidencia del inicio del curso escolar con una posible incidencia de gripe A en los centros educativos. ACES llama a la calma y la tranquilidad. La Consejería de Educación ha trasladado a los centros las instrucciones y protocolos a seguir en caso de necesidad. Los centros, por su parte, están preparados  para ejecutar los protocolos con toda normalidad y están a disposición de las autoridades competentes en las situaciones que lo requieran. También, para este asunto, ACES estará a disposición de la Administración Educativa y de sus asociados para cuanto sea necesario.

El Gobierno aprueba hoy un acuerdo para empezar a digitalizar este mes 5º de primaria - Zapatero se comprometió a aplicar su plan al 100% este curso

El curso arranca estos días en toda España sin que los alumnos de 5º de primaria de colegios públicos y concertados tengan aún los ordenadores que prometió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que se veía venir, dada la premura con la que el Ejecutivo ha querido poner en marcha esta medida (anunciada un mes antes de acabar el curso). En todo caso, los primeros no tardarán en estar en manos de los estudiantes, al menos una primera tanda. Este mismo mes empezarán a funcionar decenas de aulas piloto de 5º de primaria, como mínimo una en cada autonomía, plenamente digitalizadas, con un ordenador por estudiante, conexión a Internet, pizarras digitales y la instalación y conectividad necesarias para impartir esas clases. Un primer paso que se queda muy lejos del cumplimiento pleno del anuncio del presidente.

El Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo que recoge esta medida, según fuentes del Gobierno, y que pretende ser el punto de partida para responder a la promesa que hizo Zapatero el 12 de mayo en el debate sobre el estado de la nación. “La iniciativa [el proyecto Escuela 2.0] comenzará a aplicarse en septiembre, de modo que en el curso 2009-2010 los más de 420.000 alumnos de 5º de primaria, de los colegios públicos y concertados, recibirán un ordenador personal”, proclamó Zapatero ante el Congreso. Si se cumple ese compromiso en los próximos meses, los ordenadores llegarían a la mayoría de escolares con el curso muy avanzado, lo que según los expertos tiene una utilidad pedagógica dudosa.

En todo caso, el programa se pone en marcha mediante convenios con las comunidades y con la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de enseñanza (Anele). El Ejecutivo prevé cerrar estos acuerdos en las próximas semanas. La iniciativa será financiada con 200 millones de euros, la mitad de los cuales los pondrá el Gobierno y la otra, las autonomías. El reparto del dinero se hará según el número de alumnos y aulas.

La cantidad concreta y el número de aulas piloto que arrancarán este mes y el precio que pagará el alumno por el ordenador se especificará en cada convenio. Cada comunidad comprará sus portátiles pero el Ejecutivo baraja llegar a acuerdos con empresas (de ordenadores, software, contenidos educativos…) para ofrecer condiciones más ventajosas. La plataforma Agrega, formada por el ministerio y las editoriales que desarrollan el Plan Avanza, y las comunidades están elaborando contenidos educativos.

El proyecto se negocia comunidad por comunidad. Ésta es la situación en algunas:

- Andalucía. La Consejería de Educación quiere que los alumnos dispongan de los ordenadores a lo largo del curso. La Junta quiere formar primero a los docentes y luego entregar los portátiles, que podrían llegar el próximo año. De hecho, todavía se está tramitando el convenio entre el ministerio y la Junta, por lo que no ha llegado aún el dinero prometido por el Gobierno. La Junta tenía hasta ahora su propio programa tecnológico en las aulas. La consejería lo adaptará al plan Escuela 2.0.

- Galicia. No ha recibido todavía la partida presupuestaria que Zapatero prometió para comprar ordenadores. “El proceso está en tramitación”, explica una portavoz del departamento. Aunque Zapatero prometió que los portátiles estarían disponibles este curso, el Ejecutivo no les ha comunicado cuándo recibirán el dinero. De momento, Galicia no tiene previsto asumir por su cuenta el coste del material, aunque es una posibilidad “en estudio”.

- Madrid. Unos 60.000 alumnos madrileños de 5º de Primaria deberían recibir un ordenador este curso, pero aún no hay plazos cerrados. La comunidad tilda de “ocurrencia” la iniciativa. Ambas administraciones negocian estos días el convenio de implantación. Madrid ha enviado una propuesta al ministerio con en la que reclaman una implantación progresiva del programa, cambiar los escolares de primaria por alumnos de secundaria y que se recabe la opinión de los profesores antes de empezar. “No es razonable implantar un programa así sin haber contrastado los resultados antes, este tipo de iniciativas deberían llevarse a cabo tras un trabajo intenso y meditado, pero aquí se ha hecho al revés”, considera Jesús Valverde, viceconsejero de Ordenación Educativa de esta comunidad. El Gobierno regional pide que se empiece con un proyecto piloto.

Tampoco hay acuerdo en la cuestión económica. Según Valverde, los 11 millones que recibirá Madrid para el proyecto son insuficientes, según el viceconsejero.

- País Vasco. Los alumnos vascos que cursan 5º de Primaria dispondrán de su portátil en noviembre, si se cumplen los plazos previstos por el Departamento de Educación. El objetivo es que los escolares accedan a los terminales de manera escalonada, de forma que para enero o febrero se haya completado la entrega. Serán 20.000 ordenadores por un valor de 11,3 millones de euros. La consejería ya ha sacado a concurso público la adquisición de los terminales, así como la instalación de videoproyectores, pizarras digitales y altavoces para las 539 aulas de 5ª de primaria de las redes pública y concertada.

Durante los próximos tres meses, el departamento dará cursillos de formación a los docentes, quienes dispondrán de su propio ordenador, creará programas con contenidos para los estudiantes y garantizará una buena conectividad en los hogares, ya que tendrán que llevarse los PC a sus casas para hacer los deberes. El departamento adelantará los 11,3 millonesy el ministerio les devolverá la mitad.

- Comunidad Valenciana. El convenio que negocia con el ministerio incluye dos partidas. “Una de 500.000 euros para formación del profesorado, que para atender a los 43.000 alumnos de 5º de primaria requiere reciclar unos 10.000 docentes”. Y otra de 10,7 millones para “la compra de portátiles de uso personal para el alumnado y aulas digitales”. Esta partida “sólo” contempla la compra de pizarras digitales, ordenadores y proyectores de aula con acceso a datos de Internet. “No habla del coste de mantenimiento, ni de la reposición ni de las obras para hacer las conexiones de alta velocidad y enchufes”, precisan desde el gabinete del consejero Alejandro Font de Mora.

La consejería ha remitido ya al ministerio “dos borradores para su estudio con diversas consideraciones”. Aunque, de momento, la respuesta “no ha introducido cambios significativos”. Han pedido al ministerio “flexibilizar” el convenio para, por ejemplo, utilizar el sistema de aulas móviles (un carrito con 25 portátiles, un proyector y un ordenador potente para el profesor), porque “facilitaría la digitalización sin sobrecostes ni reformas”.

“Cada comunidad está obligada sacar a concurso público la adquisición de los ordenadores”. Y tienen que tener unos requisitos fijos: portátiles de 10 pulgadas que pesen poco. En Valencia no podrán superar los 250 euros, si funcionan con el sistema operativo Windows, o los 200 si funcionan con software libre. Los plazos que maneja la consejería requieren de cuatro meses. “De firmar el convenio en breve, con todos los trámites podríamos empezar a mediados de enero de 2010″, concluyen.

noticia publicada en El País 04/09/2009

ACES ha participado activamente en todo el proceso.

Las reuniones mantenidas en los meses anteriores entre la Fundación INNOVES, El ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y las empresarias que van a iniciar el proyecto del nuevo centro de infantil en la localidad, han dado su fruto. El 21 de julio se ha firmado un acuerdo de voluntades en el que la alcaldesa de Sanlúcar ofrece ayuda técnica para ampliar el número de plazas de infantil en el municipio a seis mujeres emprendedoras, que con edades comprendidas entre los 28 y 42 años quieren poner en marcha una escuela infantil asociándose como cooperativa.

Este acuerdo, además de cubrir una demanda importante de la ciudad aumentando la cobertura de la educación de 0 a 3 años, creará más puesto s de trabajo en la zona, aseguró la alcaldesa, Irene García, en su intervención.

Este proyecto se pone en marcha en virtud del acuerdo firmado el pasado mes de noviembre entre CEPES Andalucía, la Consejería de Educación y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para la promoción de puestos escolares del primer ciclo de la educación infantil (0-3 años), en centros educativos en régimen de cooperativas.

Según se contempla en la nueva Ley de Educación de Andalucía, la Junta universalizará el derecho a una guardería de todos los andaluces y las andaluzas, promoviendo la creación de 100.000 plazas en esta legislatura para atender la demanda de las familias. También en el Título IV de la LEA sobre la ‘Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros’, se hace referencia a la especificidad de los centros educativos gestionados por empresas de economía social, recogiendo el artículo 125.4 que la ‘la Administración Educativa facilitará la gestión y el funcionamiento de los centros en régimen de cooperativas, con el fin de promover los principios y valores de la economía social’.

Por ello, el objeto principal de parte de CEPES Andalucía es promover la construcción y puesta en funcionamiento de centros educativos bajo fórmulas empresariales y modelos pedagógicos de Economía Social que impartan el primer ciclo de la educación infantil. Por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, promover que los ayuntamientos correspondientes cedan gratuitamente a estas iniciativas de economía social el uso de los solares precisos para la construcción de los centros. Y de parte de la Consejería de Educación, determinar las localidades en las que se construirán estos centros, de acuerdo con las necesidades que se detecten y la demanda de las familias, y financiar el cien por cien de las plazas escolares de las que disponga cada guardería de economía social.

CEPES Andalucía ha encargado a la Fundación INNOVES, como sociedad instrumental encargada del desarrollo empresarial del sector, la coordinación y ejecución de las líneas de trabajo contempladas en este acuerdo, habiéndose planteado como objetivo la creación de 50 centros educativos, que generarán más de 4.000 plazas escolares de Infantil y unos 350 puestos directos de trabajo.

El proyecto pasa por plantear un centro educativo tipo de economía social, diseñado por empresas de arquitectos y con el asesoramiento de centros de enseñanza del sector. Asimismo, se diseñará el escenario más adecuado para la financiación de todos estos proyectos empresariales, bajo la firma de acuerdos con diversas entidades financieras, y facilitará la interlocución de los promotores de estas iniciativas con los ayuntamientos andaluces en cuyas localidades vayan a ponerse en marcha estas guarderías.

Para la gestión de estos centros se creará una Cooperativa de Integración: la creación de esta Red de Centros educativos se considera una oportunidad para el desarrollo y puesta en práctica de un modelo de Integración, creando una entidad con estructura propia de la que formarán parte las nuevas empresas promotoras, fortaleciendo el propio proyecto y contribuyendo favorablemente a su viabilidad. Esta nueva sociedad habrá de contribuir al óptimo funcionamiento de estos centros, promoviendo sinergias en la Dirección y Planificación Estratégica; la Comercialización conjunta; la Política de aprovisionamientos; la Gestión de Recursos o la Transferencia de Conocimientos en Gestión.

La Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES), miembro de CEPES Andalucía, ha participado en todos los trabajos relacionados con la elaboración de la nueva Ley de Educación de Andalucía, que por fin, reconocía la especificidad de los centros de enseñanza de Economía Social, así como la función educativa del primer ciclo de la Educación Infantil (habiéndose materializado en el traspaso de las competencias de las guarderías desde la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, a la de Educación tras las pasadas elecciones autonómicas y la constitución del nuevo gobierno).

Igualmente, ACES está participando en los trabajos de desarrollo de la reglamentación precisa de la LEA, entre ellos, el de la redacción del Decreto de la Educación Infantil de 0 a 3 años, siendo esta Asociación una de las principales promotoras del convenio de colaboración suscrito esta mañana, que además, da cumplimiento al II Pacto Andaluz por la Economía Social al ‘fomentar la creación y la consolidación de empresas de economía social…. en el ámbito de nuevos yacimientos de empleo relacionados con los servicios de proximidad…’ (Objetivo 5).